Oscar “Blue” Ramírez
Periodista y corresponsal internacional
Oscar Ramírez es un periodista mexicano originario de Tijuana, Baja California, licenciado en Comunicación y locutor de radio.
Reconocido por su experiencia en temas migratorios a nivel internacional, ha recorrido y documentado todas las fronteras del norte de México con Estados Unidos. En el sur del país, ha caminado y registrado más de 12 caravanas migrantes, además de documentar la ruta del Triángulo de Centroamérica y cruzar en cuatro ocasiones la peligrosa selva del Darién, entre Panamá y Colombia — una de las rutas más mortales del mundo para los migrantes.
Como corresponsal de guerra, ha cubierto conflictos internacionales en Ucrania (frontera con Rusia) y en Medio Oriente, reportando desde Israel con las fronteras de Gaza, Líbano y Siria.
Actualmente, Oscar Ramírez se desempeña como corresponsal bilingüe para diversos medios de comunicación y forma parte del equipo internacional de Real America’s Voice News, un medio reconocido en Estados Unidos.
En 2023, fue condecorado en el Congreso de Colombia con el Premio Diana Turbay, uno de los reconocimientos periodísticos más importantes del país, por su cobertura y documentación de la ruta migratoria a través de la selva del Darién.
Más allá de su labor informativa, Oscar Ramírez se ha distinguido por su periodismo humanitario, enfocado en dar voz y rostro a las historias de los migrantes y de las comunidades afectadas por la violencia y los conflictos internacionales.
Editorial internacional | Análisis geoestratégico
Por Oscar Blue Ramírez
La reciente atención del presidente colombiano Gustavo Petro sobre Venezuela, especialmente tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro, va mucho más allá de una postura diplomática genérica: revela una preocupación estructural por la seguridad fronteriza, las economías ilícitas y la expansión de grupos armados en la región minera del sur venezolano.
1. El oro venezolano como eje de conflicto
Venezuela posee una de las mayores reservas de oro en América Latina, concentradas principalmente en el Arco Minero del Orinoco (AMO), que abarca una vasta zona del estado Bolívar. Este plan estratégico fue promovido por los gobiernos chavistas como una forma de compensar la caída del petróleo, pero en la práctica se ha convertido en un centro de minería ilegal, contrabando, violencia y control territorial por parte de bandas y grupos armados.
La riqueza mineral ha atraído a redes criminales locales y extranjeras, y el vacío de poder estatal efectivo ha permitido que actores armados exploten el oro y otros recursos, consolidando economías ilícitas que trascienden fronteras.
2. Grupos armados y crimen organizado en el sur de Venezuela
En el corazón de estas regiones extractivas operan no sólo mafias locales conocidas como “sindicatos”, sino también grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. El ELN, en particular, no sólo ha incursionado en estados como Bolívar, sino que ha sido señalado como actor con presencia y alianzas con autoridades locales o fuerzas estatales, operando en algunos casos como una estructura paramilitar pro‑gobierno.
La violencia en estas zonas es extrema: por ejemplo, la masacre de Tumeremo en 2018 —donde al menos siete mineros fueron asesinados en un contexto de disputa entre actores armados— refleja cómo la lucha por el control del oro se traduce en violencia directa contra la población civil.
Además, organizaciones criminales como el Tren de Aragua, que en la práctica actúa como autoridad de facto en partes del Arco Minero, controlan operaciones y territorios clave a través de la violencia y extorsión, consolidando una estructura de poder paralela en áreas ricas en recursos.
3. El papel del Tren de Guayana y la logística del oro
Aunque el llamado Tren de Guayana no es específicamente un grupo terrorista, sí hace referencia a zonas de control criminal en torno a las operaciones mineras del sur, donde bandas como las del Tren de Aragua y sindicatos armados dominan rutas, vigilancia territorial y distribución de recursos ilícitos.
Esta estructura de control territorial de facto ha generado un ecosistema donde la minería ilegal se entrelaza con la delincuencia organizada, debilitando la presencia estatal y permitiendo que economías criminales florezcan en detrimento de la seguridad regional.
4. ¿Por qué Petro mira hacia Bolívar y Venezuela?
El enfoque del presidente colombiano no es casual:
✔️ Seguridad transfronteriza: La presencia de grupos armados colombianos en zonas mineras venezolanas representa una amenaza directa para Colombia, pues estas fuerzas pueden desplazarse hacia territorio colombiano o servir como plataformas logísticas para actividades criminales.
✔️ Economías ilícitas: El contrabando de oro, drogas y otros recursos está interconectado con redes criminales transnacionales que operan en ambos lados de la frontera.
✔️ Riesgos sociales y humanitarios: La violencia, explotación laboral y degradación ambiental en las minas afecta a comunidades indígenas y pueblos vulnerables, generando crisis humanitarias que trascienden fronteras.
✔️ Política interna y geopolítica: Petro ha criticado fuertemente la intervención estadounidense en Venezuela y ha señalado al ELN como un actor clave en disputas internas que también repercuten en Colombia, evidenciando la complejidad del conflicto.
5. La narrativa geoestratégica en juego
La atención de Petro hacia Venezuela y, en particular, hacia la región minera del sur no puede separarse de un contexto más amplio:
La explotación minera sin controles ha generado una economía paralela que financia grupos armados y redes criminales. La presencia de actores como el ELN sirve tanto a propósitos de control territorial como de financiación de actividades ilícitas. Los recursos minerales del AMO, lejos de ser un motor de desarrollo, se han convertido en puntos de conflicto e interés estratégico regional.
Conclusión
La preocupación de Gustavo Petro por Venezuela y la minería en el estado Bolívar no es una simple declaración política. Representa una respuesta a una crisis multifacética que combina:
Seguridad transfronteriza debido a la presencia de grupos armados y economías ilícitas. Control territorial por parte de estructuras criminales con impacto en Colombia. Riesgos sociales, ambientales y humanos en las comunidades mineras. Tensiones geopolíticas que cruzan fronteras y complican las relaciones diplomáticas en la región.
La extracción ilegal de oro, la presencia de grupos como el ELN y estructuras de control criminal en el sur venezolano conforman un complejo que impacta la estabilidad regional y pone en relieve desafíos que ningún país puede ignorar.