Por Oscar Blue Ramírez
War Correspondent & Investigative Journalist
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) introdujo una modificación sustancial en la acusación federal contra Nicolás Maduro, al eliminar la referencia explícita que lo señalaba como “líder” del denominado Cartel de los Soles. El ajuste, lejos de cerrar el caso, revela una recalibración estratégica del enfoque judicial estadounidense hacia el poder en Venezuela.
La nueva redacción no absuelve al mandatario venezolano ni a su entorno. Por el contrario, redefine la estructura criminal no como una organización jerárquica tradicional, sino como un sistema de clientelismo político-criminal, en el que sectores del Estado habrían facilitado, protegido o permitido el tránsito del narcotráfico internacional a cambio de lealtades, financiamiento y control territorial.
No Un cambio jurídico, no político
Fuentes del ámbito legal interpretan el movimiento como una decisión técnica, orientada a fortalecer la solidez procesal del caso ante tribunales federales. Al reducir afirmaciones personalistas difíciles de probar en ausencia del acusado, el DOJ opta por describir un andamiaje institucional donde el delito no depende de un solo actor, sino de una red incrustada en el aparato del poder.
Este enfoque permite sostener imputaciones por conspiración, corrupción y narcotráfico sin necesidad de probar un liderazgo directo, una estrategia habitual en casos complejos de crimen organizado transnacional.
El papel de Trump y la narrativa original
El expresidente Donald Trump, bajo cuya administración se presentó la acusación inicial en 2020, volvió a referirse al caso recordando que Maduro “ayudó a gestionar” el Cartel de los Soles mientras consolidaba su poder. Esa narrativa fue clave para justificar la ofensiva antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe y para posicionar a Venezuela como un riesgo estructural para la seguridad hemisférica.
La eliminación del término “líder” no contradice esa visión, pero sí la matiza. Washington parece reconocer que el fenómeno es más complejo: no se trata únicamente de una figura central, sino de un ecosistema criminal sostenido por incentivos políticos, militares y económicos.
Grupos armados y rutas del narcotráfico
La acusación actualizada mantiene referencias a la cooperación entre actores del poder venezolano y organizaciones criminales transnacionales. Entre ellas figuran estructuras como el Tren de Aragua, disidencias armadas colombianas y enlaces con carteles internacionales que operan rutas hacia Centroamérica, el Caribe y Europa.
Estados Unidos ha señalado reiteradamente que estas redes no solo trafican drogas, sino que también participan en minería ilegal, contrabando, tráfico de personas y lavado de dinero, configurando un modelo híbrido de criminalidad estatal y no estatal.
Contexto geopolítico: más allá de los tribunales
El cambio en la acusación se produce en un momento de reacomodos diplomáticos. Washington enfrenta presiones energéticas, migratorias y de seguridad regional, mientras evalúa hasta dónde puede flexibilizar sanciones sin legitimar estructuras que considera corruptas.
En este escenario, la narrativa judicial se vuelve una herramienta de equilibrio: reduce el riesgo legal inmediato, pero mantiene abierta la puerta a futuras acciones contra individuos, redes y flujos financieros asociados al poder venezolano.
Conclusión
La nueva acusación no representa una absolución ni un giro benevolente hacia Maduro. Es, más bien, una señal de que Estados Unidos está ajustando su estrategia: menos énfasis en símbolos, más atención a sistemas; menos retórica, más arquitectura legal.
El caso Venezuela sigue siendo, para Washington, un expediente abierto donde convergen narcotráfico, crimen organizado y geopolítica. La diferencia ahora es el lenguaje. El fondo, hasta el momento, permanece intacto.