Expertos, fiscales, jueces y representantes de Naciones Unidas analizaron en León los desafíos para prevenir
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LEÓN, ESPAÑA.— La violencia vicaria continúa consolidándose como una de las principales preocupaciones en materia de protección de la infancia y derechos humanos en España. La magnitud del problema quedó reflejada durante la II Jornada Stop Violencia Vicaria, celebrada en la ciudad de León, donde especialistas nacionales e internacionales abordaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y protección de niños, niñas y adolescentes expuestos a contextos de violencia de género.
Según los datos presentados durante el encuentro, Castilla y León registra actualmente 5.496 casos activos de violencia de género incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén). De estos expedientes, aproximadamente 2.690 corresponden a mujeres con hijos menores de edad a su cargo, mientras que 113 niños y niñas han sido identificados como personas en riesgo de sufrir violencia vicaria.
La provincia de León concentra 915 de estos casos activos, una cifra que refleja la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas destinadas a la protección de las víctimas y a la prevención de situaciones de alto riesgo.
La jornada, organizada por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en colaboración con la Asociación Stop Violencia Vicaria, reunió a representantes del sistema judicial, fiscal, sanitario, policial y de organismos internacionales para intercambiar experiencias y analizar estrategias de intervención.
Durante la inauguración del encuentro, Jessica Martínez Sánchez, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, destacó la importancia de avanzar en la detección precoz de los indicadores de riesgo y de reforzar la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la protección de las víctimas.
El programa incluyó la participación de María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado; Rosa Guiralt Martínez, fiscal del Tribunal Supremo; Miriam García del Saz, especialista en pediatría social; Gonzalo Miguel Soto Galán, integrante de los Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil; y Begoña Miguélez Centeno, responsable de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.
Asimismo, el encuentro contó con la intervención de Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, quien participó de manera telemática, así como de Andrea Cabezas Mateos, presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria.
Los participantes analizaron la violencia vicaria desde diferentes perspectivas profesionales, abordando aspectos relacionados con la actuación judicial, la protección policial, la atención sanitaria especializada y los mecanismos de protección infantil.
La violencia vicaria se produce cuando los hijos o personas emocionalmente vinculadas a una mujer son utilizados como instrumento para causarle daño psicológico, emocional o incluso físico. Organizaciones especializadas consideran esta modalidad como una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género debido a las consecuencias que genera tanto en las mujeres como en los menores involucrados.
Desde una perspectiva de derechos humanos, expertos coinciden en que los niños y niñas expuestos a estas situaciones deben ser reconocidos como víctimas directas de la violencia y no únicamente como testigos de los hechos.
La creciente atención que recibe esta problemática responde a la necesidad de garantizar una protección efectiva de la infancia y de desarrollar respuestas institucionales capaces de identificar señales de riesgo antes de que ocurran consecuencias irreparables.
Uno de los principales consensos alcanzados durante la jornada fue la necesidad de fortalecer la formación especializada de jueces, fiscales, abogados, profesionales sanitarios, trabajadores sociales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los especialistas señalaron que la detección temprana de comportamientos de control, amenazas, manipulación emocional o instrumentalización de los menores puede resultar determinante para prevenir situaciones de violencia más graves.
Asimismo, destacaron que la coordinación entre administraciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales especializados constituye una herramienta fundamental para evitar situaciones de desprotección y garantizar respuestas eficaces a las víctimas.
La II Jornada Stop Violencia Vicaria puso de relieve la necesidad de situar el interés superior del menor como principio rector de toda actuación administrativa, judicial y social.
En un contexto internacional donde la protección de la infancia ocupa un lugar prioritario dentro de las agendas de derechos humanos, los participantes coincidieron en que la lucha contra la violencia vicaria requiere un enfoque integral, sostenido y multidisciplinario.
Más allá de las estadísticas, las cifras presentadas en León representan historias de mujeres, niños y niñas que continúan necesitando protección, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia.
La jornada concluyó con un llamado a continuar fortaleciendo la cooperación institucional, promover la sensibilización social y garantizar que ninguna víctima quede fuera de los mecanismos de protección establecidos por el Estado.
La protección de la infancia frente a cualquier forma de violencia sigue siendo uno de los mayores desafíos de las sociedades democráticas contemporáneas y una obligación ineludible para los sistemas nacionales e internacionales de derechos humanos.
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Sabrina Padrón
Periodista | Analista Internacional de Derechos Humanos
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Oscar Blue Ramírez News
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