Oscar “Blue” Ramírez
Periodista y corresponsal internacional
Oscar Ramírez es un periodista mexicano originario de Tijuana, Baja California, licenciado en Comunicación y locutor de radio.
Reconocido por su experiencia en temas migratorios a nivel internacional, ha recorrido y documentado todas las fronteras del norte de México con Estados Unidos. En el sur del país, ha caminado y registrado más de 12 caravanas migrantes, además de documentar la ruta del Triángulo de Centroamérica y cruzar en cuatro ocasiones la peligrosa selva del Darién, entre Panamá y Colombia — una de las rutas más mortales del mundo para los migrantes.
Como corresponsal de guerra, ha cubierto conflictos internacionales en Ucrania (frontera con Rusia) y en Medio Oriente, reportando desde Israel con las fronteras de Gaza, Líbano y Siria.
Actualmente, Oscar Ramírez se desempeña como corresponsal bilingüe para diversos medios de comunicación y forma parte del equipo internacional de Real America’s Voice News, un medio reconocido en Estados Unidos.
En 2023, fue condecorado en el Congreso de Colombia con el Premio Diana Turbay, uno de los reconocimientos periodísticos más importantes del país, por su cobertura y documentación de la ruta migratoria a través de la selva del Darién.
Más allá de su labor informativa, Oscar Ramírez se ha distinguido por su periodismo humanitario, enfocado en dar voz y rostro a las historias de los migrantes y de las comunidades afectadas por la violencia y los conflictos internacionales.
La creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, el régimen teocrático continúa empleándola tanto contra delitos comunes como por razones políticas. Entre los muertos se encuentran una mujer y un ciudadano afgano.
El régimen de Irán ejecutó este domingo a al menos once personas en distintas ciudades, incluyendo Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht. Entre las víctimas figura una mujer, en una jornada que demostró el uso extendido que se tiene de la pena de muerte en Irán y la cual ha generado profundas preocupaciones entre organizaciones de derechos humanos.
Las condenas dictadas responden a delitos relacionados con drogas y homicidios.
El gobierno confirmó tres ejecuciones en las prisiones de Yasuj y Tabriz, entre ellas la de Saman Karimi, un joven de 25 años originario de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, quien había sido condenado por homicidio premeditado hace dos años. Fue ejecutado en la prisión central de Yasuj, en un caso que ha despertado especial interés al tratarse de una condena por asesinato que, según activistas y Human Rights Monitor (HRM), tuvo irregularidades en su proceso judicial.
Por su parte, en la prisión central de Tabriz, otras dos personas fueron ejecutadas esa misma mañana: Mahrokh Khani, de 35 años, y Kazem Babaei, de aproximadamente 45 años, ambos condenados por delitos de drogas. Khani, una trabajadora de un taller de costura antes de su arresto, había estado encarcelada durante cuatro años, acusada de tráfico de drogas, mientras que Babaei había estado bajo custodia durante más de dos años y medio antes de su ejecución.
En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años residente en Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Este tipo de ejecución contra un extranjero también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que Papalzehi habría sido condenado en un proceso cuestionado por su falta de garantías legales, aseguró HRM.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos de delitos de drogas. A pesar de la creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, Irán continúa empleándola de manera regular, ubicándose entre los países con mayor índice de ejecuciones del mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, utilizada con frecuencia contra minorías y personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de garantías y justicia en el sistema judicial iraní.
La condena de una activista política kurda
En las últimas horas condenó a pena de muerte a:
En la prisión de Zahedan, las autoridades ejecutaron a Mohammad Nabi Papalzehi, un ciudadano afgano de 28 años residente en Zabol, acusado de delitos relacionados con drogas. Este tipo de ejecución contra un extranjero también ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que Papalzehi habría sido condenado en un proceso cuestionado por su falta de garantías legales, aseguró HRM.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el uso excesivo de la pena de muerte en Irán, especialmente en casos de delitos de drogas. A pesar de la creciente presión internacional para limitar o abolir esta práctica, Irán continúa empleándola de manera regular, ubicándose entre los países con mayor índice de ejecuciones del mundo. En la práctica, la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, utilizada con frecuencia contra minorías y personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que evidencia la falta de garantías y justicia en el sistema judicial iraní.
La condena de una activista política kurda
En las últimas horas condenó a pena de muerte a la activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
La activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres Varishe Moradi, acusada de “rebelión armada contra el Estado”.
“Varishe Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, ha sido condenada a muerte hoy”, informó este domingo la cuenta de X de la encarcelada premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, gestionada por su familia.
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní