Miles de migrantes varados en la playa del Golfo de Urabá la cruda realidad

La crisis migratoria en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, con cientos de migrantes venezolanos que buscan escapar de la pobreza, la violencia y la persecución política en su país natal.

Sin embargo, a medida que cruzan la frontera, muchos se encuentran con nuevas adversidades y peligros en nuevos territorios.

TESTIMONIO

Necoclí (Antioquia), 15 de octubre de 2024 (@DefensoriaCol). Karla Berturichi, mujer trans venezolana, salió de su país hace cuatro años, siendo menor de edad, huyéndoles al abuso, al acoso y al maltrato. Pero esos episodios de violencia la siguieron hasta Colombia, donde volvió a vivir el mismo infierno.

“Me pegaron a mí y a mi pareja, me partieron la nariz. Nos agarraron entre un grupo de personas acá mismo en el pueblo, literalmente nos pegaron, nene, y nos agarraron el teléfono y nos lo dañaron, nos robaron”, se queja Karla, ahora con 22 años, afirmando que fue atacada por el hecho de ser mujer transgénero.

Su coterránea Yaneth Mar, también desde una de las playas de Necoclí, en Antioquia, dice cómo ser migrante le ha traído problemas a ella y los suyos: “Tengo un hijo de diez meses, lo tengo durmiendo acá en la calle, en situación de playa, me le ha dado conjuntivitis. Para mí, no son condiciones humanas”.

Al llevar varias semanas varado en la misma población antioqueña, el venezolano Damián Marín, que no ha tenido dinero para el pasaje en lancha que lo lleve hasta Acandí o Capurganá (Chocó) —al otro lado del golfo de Urabá—, se toma la vocería por quienes tienen el mismo propósito de continuar su camino hacia Norteamérica. “Hay muchos niños, niñas, personas que están pasando necesidades, enfermedades, personas en situación de discapacidad, mayores, adultos, bebés de meses, enferman mucho, llueve”, cuenta el señor Marín.

El problema para Damián y demás migrantes es que únicamente les venden el paquete completo, el cual tiene un valor de 350 dólares por persona, el equivalente a 1.470.000 pesos colombianos. Incluye, además del pasaje a alguna de las dos poblaciones chocoanas, derecho a albergue y la guía hasta un punto fronterizo selvático entre Colombia y Panamá.

Agrega con vehemencia que él y sus compañeros de viaje lo único que desean es que el destino no les continúe siendo esquivo, “porque no nos quieren más en la playa, nos viven corriendo. Nos viven sacando. Lo que queremos es irnos, que nos manden una ayudita para irnos, de corazón”.

Esos son los motivos por los que la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, viajó hasta la subregión del Urabá-Darién, territorio de acogida de personas migrantes antes de adentrarse en la espesa selva. “Evaluamos lo que está ocurriendo, escuchamos a las comunidades del lugar, a migrantes, a las autoridades, con la finalidad de llamar la atención para que haya una respuesta integral, real y efectiva del Estado”, cuenta la Defensora.

Entre enero y mediados de septiembre de este 2024 fueron casi 305.000 personas con necesidad de protección internacional las que cruzaron el Tapón del Darién (de acuerdo con Migración Panamá). Por ello y como defensora comunitaria en el Urabá-Darién, Narciza Teherán Sierra indica que la entidad nacional de derechos humanos sigue con el acompañamiento y la atención especializada a las personas migrantes y refugiadas que van en tránsito hacia Estados Unidos.

“Este acompañamiento lo realizamos a través de misiones humanitarias”, y resalta que los han acompañado hasta la frontera con el vecino país, “lo que nos ha permitido a nosotros tener un contexto amplio de todas estas situaciones que se presentan en ese tránsito por la selva del Darién […], hacer incidencia ante las entidades que tienen correspondencia en garantizar los derechos humanos de esta población”.

Una de las recomendaciones claves formuladas por la Defensoría del Pueblo fue establecer corredores humanitarios que faciliten el tránsito, controlado y seguro, para reducir los riesgos a los que se ven expuestos y proporcionarles protección y atención a través de las rutas que emprenden las personas migrantes.

Igualmente, a través de la Alerta Temprana Binacional, emitida por las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá en abril del 2023, son advertidos los riesgos para migrantes y comunidades en la zona de frontera, donde ejerce dominio territorial el grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el cual impone normas de comportamiento a los lugareños y quienes están en movilidad humana. 

“Nos escucharon, se pudieron llevar nuestras peticiones que como comunidad tenemos”, y agrega Sandra que de lo que se trata es de brindarles una acogida y atención más humana a las personas en tránsito, “porque son seres humanos con derechos y merecen ser tratados con dignidad”.

Dice Sandra Fernández, presidenta de Asojuntas, encargada de un albergue en Acandí, Chocó —adonde también fueron la Defensora Iris Marín Ortiz y su equipo de trabajo—, que le agradece a Dios por la visita defensorial. 

Fuente de Información: Defensoría del Pueblo Colombia