Trump envía a una cárcel de El Salvador a un venezolano con un tatuaje del Real Madrid como prueba de pertenecer a una banda criminal

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que todos los expulsados a El Salvador tienen antecedentes criminales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que todos los expulsados a El Salvador tienen antecedentes criminales y están vinculados a los grupos mencionados, en respuesta a críticas de abogados que señalan la inocencia de algunos de los encerrados.

Por ejemplo, uno de ellos, Jerce Reyes Barrios, de 36 años, es un futbolista profesional venezolano y entrenador de fútbol infantil sin antecedentes penales ni vínculos con pandillas, según una declaración de su abogada, Linette Tobin.

Tobin asegura que las autoridades han malinterpretado un tatuaje de su cliente como un emblema de las bandas cuando en realidad se trata de un homenaje al escudo del Real Madrid, el equipo de fútbol preferido de Barrios, según declaraciones recogidas a la cadena estadounidense ABC. La abogada ha explicado que, tras presentar estas pruebas, Barrios fue transferido fuera de máxima seguridad y tiene pendiente una audiencia particular el 17 de abril.

Trump, en el Despacho Oval, ha asegurado que los expulsados son un “grupo de malas personas” y “unos asesinos”, y que todas sus identidades han sido sometidas a escrutinio. “A mí me han dicho que han sido objeto de una investigación exhaustiva de sus antecedentes”, ha manifestado el mandatario antes de volver a atacar al juez Boasberg.

El juez ve “insuficientes” las explicaciones de la Casa Blanca

El juez federal estadounidense que ha paralizado las expulsiones en caliente de presuntos criminales venezolanos a la ‘supercárcel’ levantada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dictaminado que los argumentos proporcionados hasta el momento por la Casa Blanca son “lamentablemente insuficientes” y ha pedido a la Administración Trump que aclare para el martes que viene si, como todo parece indicar, acabará declarando esta cuestión como secreto de estado para eludir una comparecencia.

La única respuesta que el juez James Boasberg ha recibido hasta el momento ha sido la de un director local del departamento de Operaciones de Control y Deportación (OCD) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Miguel Vergara, quien se limita a trasladar al tribunal las discusiones sobre la posibilidad de clasificar la información como secreta.

(Fuente de información Heraldo)